En los últimos años han aumentado los ataques y/o robos a particulares, sobre todo en las viviendas, por ello se comenzaron a instalar equipos de vídeo-vigilancia para proteger y prevenir nuestra seguridad.
En las comunidades de propietarios se suelen instalar cámaras de vigilancia con la intención de prevenir estos ataques, pero también para poder identificar a los delincuentes y facilitar a su detención. Sin embargo, esto puede entrar en conflicto con el derecho a la intimidad, se trata de una cuestión en la que hay que tendremos que tener en cuenta estos dos derechos.
En primer lugar, debe prevalecer el derecho a la intimidad y no debería verse afectado ya que si nuestra intención es proteger la seguridad ciudadana. No obstante, el simple hecho de instalar una cámara de vídeo-vigilancia da lugar a otra cuestión, la ubicación. En el caso de una comunidad de propietarios, deberá ser aprobado en la junta de propietarios, tal y como se recoge en el art. 17.3 LPH para que ningún vecino pueda rechazar la instalación de una cámara recurriendo al derecho a la intimidad, puesto que habría sido cejada tras llegar al acuerdo adoptado por la comunidad y no solo podría ser anulada en los tribunales.
En este sentido, la instalación de una cámara de seguridad falsa, que no tenga nada en su interior para poder grabar, también requiere la aprobación en la junta de vecinos, ya que según la Sentencia 600/2019, de 7 de noviembre, entraría también en conflicto con el derecho a la intimidad.
Igualmente ocurre en los casos de la cámara instalada en una finca que pueda estar grabando imágenes de forma indirecta de otras fincas cercanas y también de las cámaras falsas ya que puede suponer un ataque al derecho a la intimidad de los edificios afectados.
La sentencia antes mencionada fue causada por la instalación de una cámara de vigilancia que no funcionaba, orientada hacia una finca colindante. El derecho de preservar la intimidad de su vida privada abarca además el derecho a saber si la cámara es o no operativa, ya que externamente no se puede comprobar. La demanda fue admitida y se declaró la afectación al derecho a la intimidad también de este tipo de dispositivos que no graban.